La ley Fraga y la aparente libertad
La nueva etapa del periodismo durante el régimen franquista está caracterizada por una aparente mayor relajación gracias a la ley Fraga
Irene Gómez Díaz
Madrid, 1975
Caricatura sobre la ley Fraga
La apertura del régimen no tarda en influir en la prensa, y es que el nuevo clima social que había en España requería un cambio en el campo de la información. Si bien durante el primer franquismo, la prensa había sido objeto de continua vigilancia, ahora gozaría de una mayor "relajación".
La figura clave del cambio es Manuel Fraga, ministro de Información y Turismo desde 1962, conocido por impulsar una nueva ley de prensa popularmente conocida con su apellido: la ley Fraga (1966). Fue elaborada por una comisión especializada que contaba con figuras claves del periodismo de la época.
La ley Fraga reconocía el principio de libertad de empresa para crear publicaciones periódicas, agencias de noticias y editoriales, se reconocía la capacidad de un medio para designar libremente a sus directores y se suprimía la censura previa, excepto durante el estado de excepción y de guerra. Se adaptaba al marco global de las Naciones Unidas y de la Comisión Europea.
Los límites al ejercicio de la libertad de imprenta se recogían en su célebre artículo 2:
“El respeto a la verdad y a la moral, el acatamiento de la ley de principios del Movimiento Nacional y demás leyes fundamentales; las exigencias de la defensa nacional, de la seguridad del Estado y del mantenimiento del orden público interior y la paz exterior; el debido respeto a las Instituciones y a las personas en la crítica de la acción política y administrativa; la independencia de los Tribunales y la salvaguarda de la intimidad y del honor personal y familiar”.
La opinión pública, que no tenía espacio en la primera etapa de la dictadura franquista, empezó gozar de mayor reconocimiento con la creación en 1964 del Instituto de la Opinión Pública.
Entre las medidas represivas, destaca la vigilancia sobre el ejercicio de la profesión periodística mediante mecanismos de control por vía civil, penal y administrativa así como la obligatoriedad del depósito previo. La censura previa que había sido derogada se sustituyó por un sistema de autocensura y coacción por las duras sanciones y las presiones y amenazas del ministerio.
La ley quiso aparentar un ambiente de apertura cuando tenía escondidas muchísimas restricciones como demuestran los 1.360 expedientes administrativos contra la prensa hasta fines de 1975.
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